Un dato conocido esta semana por boca del especialista Huergo vuelve a poner una discusión incómoda sobre la mesa: ¿quién conduce hoy la estrategia del agro en la Argentina y con qué instrumentos? La pregunta no es abstracta. Profertil, dueña de la mayor planta de urea de Sudamérica en Bahía Blanca, acaba de emitir Obligaciones Negociables (Clase III) por US$ 70 millones en el mercado local, en una colocación que recibió ofertas por más de US$ 99 millones y cerró a una tasa nominal anual del 5,75%. Según Clarín (9/5/26), esos fondos se destinarán a capital de trabajo, transporte de gas y mantenimiento operativo.
Esa operación no puede leerse de manera aislada. En diciembre de 2025 se cerró una reconfiguración accionaria por US$ 1.200 millones que dejó a ADECOAGRO con el 90% de Profertil y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con el 10% restante. Afuera quedaron YPF y la canadiense Nutrien. El mensaje es claro: el capital agropecuario nacional busca ocupar posiciones decisivas en áreas estratégicas. Dicho sin rodeos, “la vaca viva” empieza a traccionar a “la vaca muerta”.
Lo que está en juego no es menor. El avance del capital agrario en alimentos y energías renovables ya es estratégico, pero también lo es su desembarco en un insumo crítico como la urea, del que la Argentina sigue siendo importadora neta. Y en un contexto en el que el conflicto en Medio Oriente empujó los precios al alza, esa dependencia pesa todavía más.
¿Alguien se anticipó a este escenario? Todo indica que no. La orientación del actual gobierno apunta a desarmar capacidades productivas del Estado y, en este caso, eso incluye a YPF. La paradoja es evidente: mientras la Justicia de Estados Unidos anuló el fallo millonario contra la Argentina al reconocer que la expropiación de YPF en 2012 fue un acto soberano amparado por el derecho público argentino, la actual gestión parece resignar sin demasiada resistencia una participación estratégica en Profertil.
Los números muestran hasta qué punto esa dependencia es concreta. En el último ciclo, el 63% de la urea granulada importada llegó desde Medio Oriente y zonas cercanas: Omán explicó el 16%, Turkmenistán el 14,2% y Qatar el 12,5%, entre otros orígenes. Solo por ese concepto, la Argentina desembolsó más de US$ 1.000 millones.
En ese marco, las proyecciones más firmes hablan de una inversión potencial de entre u$s1.500 y u$s2.000 millones para duplicar la producción de fertilizantes nitrogenados en el país. Si ese salto se concreta, Profertil podría dejar de cubrir apenas el 60% del mercado interno para pasar a jugar en otra liga: la de un exportador neto con presencia global. Y no se trata solo de volumen. Según Clarín (9/5/26), Adecoagro ya despliega un modelo integrado que combina producción lechera, biogás, generación eléctrica y reutilización del digestato como fertilizante. Es decir: una lógica de escala, energía y reciclaje que convierte un problema ambiental en una ventaja productiva.
A esa cuenta hay que sumarle los fletes marítimos, que demandan entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones por año. Si a eso se agregan las importaciones de urea, las erogaciones superan de manera sostenida los US$ 2.000 millones anuales. La pregunta entonces se tensiona entre ser técnica o ser política: si el capital agrario nacional ya avanzó sobre Profertil, ¿por qué no pensar también en el transporte de granos?
Bajar retenciones no alcanza: el maní también lo demuestra
El maní, uno de los emblemas exportadores de las economías regionales, tampoco escapa a esta discusión. La producción caerá más del 30% frente a la campaña anterior por la fuerte retracción del área sembrada, lo que ubicaría a 2026 como la segunda peor cosecha de los últimos 15 años. Según la Cámara Argentina del Maní (CAM), el volumen total rondará las 918.397 toneladas de maní en grano, muy por debajo del récord alcanzado en la campaña previa.
La superficie sembrada cayó 27% a nivel nacional: pasó de 520.000 a 381.590 hectáreas. En Córdoba, corazón del negocio manisero y origen del 75% de la producción exportable, el retroceso fue similar y golpeó con más fuerza a los campos alquilados. Como si faltara algo, las lluvias reiteradas de abril vienen demorando la cosecha entre 15 y 30 días.
Las razones de esa caída son conocidas y persistentes: precios internacionales deprimidos y costos que erosionan la rentabilidad de los productores. En otras palabras, el problema no pasa solo por el frente tributario, sino por una ecuación productiva mucho más compleja.
En 2025, el complejo manisero exportó por US$ 1.228 millones. El 78% correspondió a maní crudo, el 12,7% a preparaciones y el 9,1% restante a aceite y subproductos. La Unión Europea siguió siendo el principal destino de ese flujo comercial.
Sin embargo, el dato más elocuente es otro: en 2025 el aporte del complejo manisero por derechos de exportación fue directamente nulo. Entonces, la pregunta cae por su propio peso: si las retenciones desaparecieron, ¿por qué no hubo un salto exportador que cambiara el panorama?
La primera etapa de esa eliminación comenzó en septiembre de 2023, cuando el maní con piel y el maní blancheado tradicional pasaron a tributar 0%, con efecto retroactivo al 1 de ese mes, dentro de una reforma más amplia orientada a las economías regionales.
Ese decreto, publicado en el Boletín Oficial, modificó los derechos de exportación de 371 posiciones arancelarias vinculadas con la citricultura, la pesca, la acuicultura, el arroz, la vitivinicultura, el tabaco, la forestoindustria y el maní.
Los números ayudan a poner la discusión en perspectiva. En 2023, año de sequía, las exportaciones del complejo manisero fueron de US$ 1.042 millones; en 2024 subieron a US$ 1.190 millones, y en 2025 alcanzaron los US$ 1.228 millones. Hubo recuperación, sí, pero no una explosión. En paralelo, la recaudación del complejo pasó de entre US$ 25 y 30 millones en 2023 a apenas US$ 1,5 millones en 2024, cuando ya quedaba un remanente marginal de derechos de exportación. Desde 2025, con alícuota cero, las ventas externas siguieron creciendo, pero sin alterar de fondo la dinámica del sector. Y el cuadro para 2026 vuelve a ser adverso: se perfila la segunda peor cosecha de los últimos 15 años, con ingresos proyectados en niveles similares a los de 2023. La conclusión es difícil de discutir: bajar retenciones, por sí solo, no resuelve el problema. También pesan los precios internacionales, el costo del gasoil, el clima, la infraestructura, la inversión pendiente y la presión tributaria provincial. En Córdoba, principal provincia exportadora de maní, la presión tributaria provincial llegó al récord de 7,2% en 2025, cuando en 2023 había sido de 4,20%.
A esa trama se agrega otra tensión de fondo: la disputa entre la Nación y las provincias, cada una con sus propios intereses, acuerdos y márgenes de maniobra frente a lo que se debate —o se bloquea— en el Congreso. El agro no es un bloque homogéneo y cada cadena productiva enfrenta desafíos distintos según su inserción externa, su escala y su nivel de industrialización. El caso del maní vuelve a mostrarlo con crudeza: el cuello de botella no se explica solo por los derechos de exportación, sino por una combinación de precios, demanda, costos y clima.
Si el capital agrario avanza sobre insumos estratégicos y la baja de retenciones no alcanza para corregir los problemas de competitividad, entonces la discusión pendiente no es menor: cómo construir una política de desarrollo agrario que piense el largo plazo, coordine intereses y evalúe resultados más allá de las urgencias coyunturales.
Economista de la UBA, investigador de UNPAZ / FCE UBA y docente de UNDAV / UNLa.
Fuente: AMBITO
