La minería en Perú atraviesa un momento crítico. Mientras el Congreso avanza con modificaciones a la Ley General de Minería, desde el sector privado advierten que las nuevas condiciones podrían encarecer proyectos, frenar inversiones millonarias y, en paralelo, potenciar el crecimiento de la minería ilegal, que ya mueve cifras récord: u$s12.000 millones anuales de oro.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) fue contundente al rechazar el dictamen aprobado en comisión. “No se debe paralizar la minería formal y abrir las puertas a la ilegalidad”, señalaron en una carta pública donde cuestionaron el impacto de la reforma.
Según la entidad, los cambios propuestos afectan directamente la previsibilidad del sector. “El dictamen en la práctica quiebra el régimen de concesiones mineras, lo que traerá consigo la contracción de las inversiones”, advirtieron, al poner en riesgo una cartera estimada en u$s63.000 millones.
Uno de los puntos más cuestionados es el aumento de la carga económica sobre los proyectos. El incremento de hasta 300% en el derecho de vigencia y de 400% en penalidades genera, según el sector, una pérdida de competitividad frente a otros países mineros. “Esta medida atenta contra la competitividad del sector minero peruano”, remarcaron.
A esto se suma la reducción de plazos para poner en marcha proyectos, una decisión que -según la industria- desconoce los tiempos reales del negocio. “Hoy hacer realidad un proyecto minero en Perú puede tomar hasta 40 años”, indicaron, al advertir que solo los procesos administrativos pueden superar una década.
Pero mientras la minería formal enfrenta mayores restricciones, el avance de la actividad ilegal se acelera impulsado por factores económicos y estructurales. Con un precio del oro que supera los u$s5.000 por onza, el atractivo del negocio se dispara.
“La minería ilegal en el Perú continuará creciendo”, advirtió Marcelo Santillana, gerente general de Compañía Minera Poderosa. Según detalló, esta actividad ya alcanzó una escala significativa: “Exportó cerca de u$s12.000 millones en oro durante 2025”, una cifra que refleja el peso económico del fenómeno.
El ejecutivo explicó que el contexto actual favorece la expansión de estas prácticas. “El alto valor del oro lo convierte en un negocio altamente atractivo para operadores ilegales”, sostuvo, en línea con lo que ocurre en distintas regiones del país.
A este escenario se suman problemas estructurales que agravan la situación. “Las plantas, las procesadoras y los vendedores van a tratar de legalizar esa venta ilegal de oro, y con la corrupción que hay en el país les van a dar el permiso para que lo formalicen”, afirmó Santillana, al apuntar contra las debilidades institucionales.
En paralelo, la sobrecarga regulatoria sobre la minería formal también juega un rol clave. “La excesiva permisología ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos, lo que genera espacios que son aprovechados por la minería ilegal”, explicó.
Puna Operations plata minería
El impacto no es solo macroeconómico: también afecta directamente a las operaciones formales. “Al robarnos mineral, tenemos que reponerlo e invertir para hacerlo”, señaló Santillana, quien advirtió que este tipo de situaciones se repiten desde hace décadas. “Tenemos que seguir combatiendo esto con un Estado de derecho, con leyes claras y autoridades que las hagan cumplir”, agregó.
Desde la SNMPE coinciden en que el camino debería ser otro. En lugar de endurecer las condiciones para la minería formal, plantean avanzar en una legislación específica para la formalización de pequeños productores. “Se estarían aprobando medidas que buscan fomentar la expansión e impunidad de la minería ilegal”, alertaron.
El trasfondo del debate es claro: en un contexto global de alta demanda de minerales y competencia por inversiones, Perú enfrenta el desafío de equilibrar regulación, competitividad y control de la ilegalidad. Para el sector, las señales actuales van en sentido contrario.
“Exhortamos a desistir de normas que solo dañan a los sectores productivos”, concluyeron desde la entidad, al remarcar que la minería sigue siendo uno de los pilares del crecimiento económico del país.
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Según informó recientemente el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), general FAP (r) Rodolfo García, la lucha contra la minería ilegal en el Perú se intensificó durante el 2025.
Tal como reveló Rumbo Minero, el funcionario explicó que estas acciones forman parte del esfuerzo del Estado por combatir este delito, que involucra operativos de interdicción, control de insumos químicos, fiscalización de plantas de procesamiento y lucha contra el crimen organizado.
En 2025 se realizaron 1.037 operativos de interdicción a nivel nacional, superando los 745 operativos registrados en 2024, con Madre de Dios como una de las principales zonas de intervención.
El Alto Comisionado enfatizó que la minería ilegal representa la economía ilícita más grande del Perú. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad moviliza alrededor de 40.000 millones de soles peruanos al año (u$s10.700 millones), superando a otros delitos como el narcotráfico o la trata de personas.
“No se trata solo de interdicciones. El enfoque integral también incluye formalización minera, recuperación ambiental y promoción de economías alternativas en las zonas afectadas”, afirmó.
Fuente: AMBITO
