El Gobierno nacional volvió a avanzar con una propuesta para compensar deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, en el marco de un nuevo proyecto de ley enviado al Congreso que también incluye beneficios para el sector de energías renovables.
La iniciativa retoma uno de los capítulos que había quedado afuera del Presupuesto 2026 y que había generado fuertes discusiones políticas, incluso entre aliados parlamentarios del oficialismo.
Según el proyecto, el Estado buscará determinar las diferencias entre los ingresos que percibieron las distribuidoras eléctricas durante los años de congelamiento tarifario y los montos que, según los contratos de concesión, deberían haber cobrado.
La discusión por las deudas cruzadas
Las distribuidoras sostienen que el congelamiento y las emergencias tarifarias provocaron pérdidas millonarias por ingresos no percibidos.
En el caso de Edenor, la empresa reclama alrededor de u$s2.000 millones, mientras que Edesur sostiene que el Estado le adeuda cerca de u$s1.200 millones por incumplimientos regulatorios y revisiones tarifarias postergadas.
Sin embargo, ambas compañías también mantienen importantes pasivos con la Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, por energía comprada y no abonada durante los años de crisis tarifaria.
Edenor acumula deudas cercanas a los u$s600 millones y Edesur alrededor de u$s500 millones, montos que actualmente están regularizados mediante planes de pago a largo plazo.
El esquema impulsado por el Gobierno apunta a compensar ambos montos. Para avanzar en el acuerdo, las empresas deberían desistir de todos los reclamos judiciales y administrativos vinculados a las emergencias tarifarias y a los incumplimientos regulatorios acumulados en los últimos años.
La propuesta implicaría para el Estado reconocer un pasivo contingente que hasta ahora no figura formalmente en las cuentas públicas, aunque al mismo tiempo evitaría desembolsos futuros derivados de litigios millonarios.
Renovables: estabilidad fiscal hasta 2045
El proyecto también incorpora una fuerte señal para el sector de energías renovables, al extender por veinte años los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.191.
La iniciativa establece que las fuentes renovables de energía no podrán ser alcanzadas por nuevos tributos específicos, cánones o regalías nacionales, provinciales o municipales hasta el 31 de diciembre de 2045.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar previsibilidad fiscal para un sector que venía reclamando certezas regulatorias tras el vencimiento de los beneficios originales a fines de 2025.
La decisión también apunta a bloquear eventuales intentos de provincias o municipios de crear nuevos gravámenes sobre la generación renovable, algo que años atrás había abierto el debate sobre la posibilidad de aplicar un denominado “impuesto al viento” para proyectos eólicos.
Un proyecto con impacto en todo el sistema energético
El texto enviado al Congreso no sólo alcanza a Edenor y Edesur. También contempla a empresas transportistas eléctricas bajo jurisdicción federal, entre ellas Transener, cuya participación estatal se encuentra actualmente en proceso de privatización.
Además, el esquema podría extenderse a distribuidoras provinciales, aunque en esos casos dependerá de las regulaciones y acuerdos que cada gobernador esté dispuesto a negociar.
La iniciativa aparece en un momento clave para el sector energético, atravesado por necesidades crecientes de inversión en redes, generación y transporte eléctrico, en medio de una demanda en aumento y de la expansión de proyectos vinculados a Vaca Muerta y las energías renovables.
Fuente: AMBITO
