Para el representante del Ministerio Público, el material difundido “no reviste la entidad requerida” para configurar delitos vinculados con la revelación de secretos políticos o militares. Si bien consideró que pudo haber existido una infracción administrativa, concluyó que “no se advierte en el caso la concurrencia de los elementos típicos exigidos” por el Código Penal.
El dictamen, presentado este martes, sostuvo que las imágenes emitidas en el programa “¿Y mañana qué?” no exhibieron “espacios secretos”, “cronogramas de reuniones”, “patrones de comportamiento del personal de seguridad”, sistemas de vigilancia ni movimientos del Presidente.
La denuncia había sido presentada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien acusó a los periodistas de realizar “una grabación subrepticia” dentro de la sede del Poder Ejecutivo y advirtió que el contenido podía afectar la seguridad nacional.
Según el escrito, el cronista ingresó a la Casa Rosada con “lentes inteligentes” y recorrió “pasillos y despachos” mientras “identificaba con voz tenue las personalidades que allí se encontraban”.
Ibáñez también sostuvo que “el acceso a la sede del Poder Ejecutivo de la Nación y la exposición de sus detalles estructurales y logísticos podrían vulnerar la seguridad del país” y vinculó el episodio con el “contexto de tensión internacional” derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Sin embargo, tras analizar el material crudo y el programa completo aportados por ARTEAR, Pollicita afirmó que “la actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia”.
“El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, señaló el fiscal. En ese punto, agregó que existen “registros visuales de acceso público”, incluso en Google Maps, en la página oficial de la Casa de Gobierno y en videos disponibles en YouTube, que permiten observar distintos sectores del edificio.
Qué dijo Pollicita sobre las imágenes grabadas en Casa Rosada
En otro tramo del dictamen, Pollicita remarcó: “No se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos, con la revelación ilícita del cronograma de reuniones de los funcionarios, con el registro de patrones de comportamiento del personal de seguridad y de los funcionarios ni con su ubicación habitual”.
El fiscal sostuvo que en las imágenes se observan principalmente “pasillos y espacios vacíos” y apenas “la presencia de algunas personas que circulan ocasionalmente por el lugar”, entre ellas “una mujer con saco rojo mirando su celular”, “un hombre con prendas oscuras caminando” y “algunos granaderos”.
Además, advirtió que varias afirmaciones realizadas en off por el periodista no coincidían con lo que efectivamente mostraba la cámara. Como ejemplo, mencionó el momento en el que Salerno afirma que “en el despacho de Lule Menem se ve entrar a legisladores, intendentes, gobernadores”, aunque el video “sólo muestra pasillos vacíos del interior del edificio”.
Libertad de expresión y sanciones administrativas
En el dictamen, Pollicita también desarrolló una defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, a las que definió como “pilares esenciales del sistema democrático”. Para eso, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacó que esas garantías permiten el libre acceso, circulación y difusión de información de interés público.
De todos modos, aclaró que la libertad de prensa “no reviste carácter absoluto”, aunque remarcó que cualquier restricción debe ser interpretada “de manera excepcional”.
El fiscal también sostuvo que las conductas denunciadas “podrían ser moral, profesional y éticamente reprochables”, pero aclaró que esa discusión “no es materia de este expediente penal”.
En paralelo, el dictamen confirmó que el Gobierno ya aplicó sanciones administrativas contra el periodista. Según precisó, la Secretaría General de la Presidencia dio de baja la huella biométrica de Salerno para ingresar a la Casa Rosada, al considerar que “habría incurrido en una conducta prohibida expresamente” por la resolución que regula las acreditaciones periodísticas. Además, se eliminó de la lista de acreditados 2026 a periodistas de TN y Clarín.
Sobre ese punto, Pollicita entendió que “las conductas analizadas —en tanto implicaron la captación de imágenes en espacios no autorizados— encontraron respuesta en el ámbito administrativo”, donde la normativa prevé sanciones como “la revocación, suspensión o no renovación de la acreditación”.
Finalmente, el fiscal concluyó que “los hechos denunciados no configuran ilícito alguno” y sostuvo que el Derecho Penal debe actuar sólo como “última ratio”.
“La intervención estatal por medio del Derecho Penal debe ser considerada sólo como último recurso”, afirmó Pollicita antes de solicitar formalmente que la denuncia sea desestimada y que el expediente sea archivado.
Fuente: AMBITO
