La Unión Industrial Argentina (UIA) y 13 cámaras sectoriales firmaron un compromiso conjunto para impulsar la sanción de una Ley Nacional de Gestión Integral de Envases, una iniciativa que busca establecer reglas comunes para el tratamiento de los envases post consumo y avanzar hacia un modelo de economía circular.
El acuerdo reúne a sectores productores de envases y a industrias que los utilizan dentro de sus procesos productivos, entre ellas compañías alimenticias, químicas, metalúrgicas, plásticas, papeleras, de bebidas y de consumo masivo. Desde la entidad destacaron que el objetivo es promover una legislación que cuide el ambiente sin afectar la productividad ni la competitividad de las empresas.
La discusión por una normativa nacional de envases lleva más de dos décadas. Según recordó la UIA, el debate comenzó en 2004 y atravesó distintas etapas de análisis técnico, intercambio entre sectores y construcción de consensos. En 2022, la Comisión de Envases del Departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad profundizó el trabajo sobre los criterios centrales que debería contemplar una futura ley.
Qué propone el consenso de la UIA para una Ley de Envases
El documento firmado por la UIA y las cámaras empresarias plantea que la ley funcione como una norma de presupuestos mínimos, con criterios homogéneos para todo el país. La intención es evitar que cada jurisdicción avance con regulaciones distintas que puedan fragmentar el sistema y dificultar la gestión de los residuos de envases.
Otro de los puntos centrales es que la normativa se limite a los residuos de envases post consumo asimilables a domiciliarios, con el objetivo de reducir su disposición final y favorecer su recuperación como insumo para nuevos procesos productivos.
La propuesta también incorpora los principios de gradualidad, progresividad y razonabilidad. Para la industria, la implementación de un sistema nacional requiere tiempo, infraestructura, capacitación, inversiones y mercados de valorización que permitan reinsertar los materiales recuperados en la cadena productiva.
En ese sentido, la UIA plantea que las metas de recolección y valorización sean definidas con criterios técnicos, a partir de experiencias piloto y de la realidad de cada jurisdicción. Entre los factores a considerar aparecen la densidad poblacional, la geografía, el consumo por habitante, la infraestructura disponible y la capacidad de reciclado.
Responsabilidad extendida y sistemas de gestión
El consenso empresario incluye la figura de la Responsabilidad Extendida del Productor, bajo la cual quienes ponen envases en el mercado deben participar en la gestión posterior de esos residuos. Para la UIA, ese esquema debe apoyarse en una articulación público-privada: el sector privado tendría a su cargo la gestión y administración de los sistemas, mientras que el Estado debería controlar su funcionamiento.
El documento también propone habilitar distintos modelos de Sistemas Integrados de Gestión (SIG), que podrían ser individuales, privados, públicos-privados, conjuntos o sistemas propios de depósito, devolución y retorno.
El financiamiento, según las bases elaboradas por la entidad, debería provenir de un aporte por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional. Ese esquema debería contemplar los distintos tipos de envases y materiales, y evitar distorsiones que perjudiquen la competitividad o desincentiven el uso de envases con mejor desempeño ambiental.
Recuperadores urbanos, incentivos e indicadores
La propuesta también incorpora el rol de los recuperadores urbanos dentro de la cadena de recupero y reciclado. Para la UIA, la futura ley debería promover su inclusión mediante capacitación, mejoras en infraestructura y formalización de condiciones laborales, con participación de municipios y otros actores locales.
Además, el documento plantea la necesidad de establecer incentivos para las empresas que incorporen material reciclado en sus envases, utilicen materiales reciclables o realicen inversiones en tecnología e infraestructura para mejorar la capacidad de recuperación y valorización.
Entre las herramientas sugeridas aparecen beneficios fiscales y certificados de crédito fiscal para quienes adelanten el cumplimiento de metas o inviertan en equipamiento, obras y construcciones necesarias para el sistema. La UIA también subrayó la importancia de contar con estadísticas e indicadores comunes, transparentes y accesibles, que permitan medir el grado de implementación y eficiencia de las políticas vinculadas a la gestión de envases.
El compromiso fue acompañado por cámaras que representan distintos eslabones de la cadena productiva. Entre ellas figuran ADIMRA, ALPHA, AFCPapel, AFCP Cemento, Cámara Argentina del Acero, CADIBSA, CAFCCO, CAIAMA, CAPA, CAIP, Cámara Argentina del Libro, CIQyP y COPAL.
Desde la UIA señalaron que el documento busca dar una señal institucional frente al debate legislativo. Actualmente, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo convive en el Congreso con otras iniciativas, por lo que la entidad y las cámaras decidieron formalizar una posición común para promover una propuesta basada en consensos técnicos, productivos y ambientales.
Fuente: AMBITO
