La Justicia evalúa citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria judicial


La situación judicial de Manuel Adorni podría complicarse en las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo evalúa convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse.

Según trascendió en los tribunales federales de Comodoro Py, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir si avanza con la citación. En el entorno judicial consideran que una eventual indagatoria implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

El viaje a Punta del Este y los contratos bajo sospecha

Uno de los principales focos de la causa es la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un “amigo cercano”. La Justicia investiga si el productor financió el viaje que el funcionario realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque Adorni sostuvo en reiteradas oportunidades que el traslado fue pagado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente contradicen esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y abonado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

De acuerdo con la investigación, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, en una declaración que complicó la defensa pública del funcionario nacional.

Manuel Adorni Diputados

El juez federal Ariel Lijo analiza avanzar formalmente contra el jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con contratos de la TV Pública.

Mariano Fuchila

En paralelo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva para determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública.

Los investigadores también analizan la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos. Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales, entre ellos “La Caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.

La mira sobre el patrimonio y el uso de recursos públicos

La Justicia también puso bajo la lupa el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los puntos centrales es una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra y posterior remodelación despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

Según consta en el expediente, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por alrededor de 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones y mobiliario. Parte de esas obras, además, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores sostienen que los ingresos declarados por Adorni no serían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente teniendo en cuenta la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, si se comprueba que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa por la decisión de Lijo, que deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.


Fuente: AMBITO

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