A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno facultó al Ministerio de Justicia a firmar convenios con la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en el traspaso de competencias penales que hoy están bajo la órbita de la Justicia nacional.
El presidente Javier Milei delegó en el Ministerio de Justicia la facultad de negociar y firmar acuerdos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en la transferencia de competencias penales desde la órbita nacional hacia la justicia porteña. La medida fue oficializada mediante el decreto 547/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La norma autoriza al titular de la cartera de Justicia a suscribir, en representación del Estado nacional, convenios o acuerdos para trasladar la investigación y el juzgamiento de delitos que no correspondan a la justicia federal y que actualmente se encuentran a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, la delegación incluye la posibilidad de firmar adendas, modificaciones y acuerdos complementarios vinculados a esos convenios, con el objetivo de profundizar el proceso de transferencia de competencias.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la medida busca dar cumplimiento al mandato de autonomía reconocido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la reforma constitucional de 1994 y recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en distintos fallos que el carácter nacional de los tribunales ordinarios porteños tiene un carácter transitorio hasta que se concrete el traspaso de competencias.
El texto también menciona que el máximo tribunal calificó como un "desajuste institucional grave" la falta de avances en la transferencia de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad y remarcó que esa situación implica un incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional respecto de las facultades de autogobierno porteñas.
Según el Ejecutivo, aún resta completar la transición de la justicia nacional hacia la jurisdicción local, especialmente en materia penal, por lo que resulta necesario que ambas administraciones impulsen las acciones necesarias para concretar el traspaso de competencias.
La decisión se produce meses después de que el Estado nacional y el Gobierno porteño avanzaran en la transferencia de funciones judiciales en materia laboral, acuerdo que fue suscripto en febrero de este año y posteriormente aprobado por el Congreso a través de la Ley 27.802.
El decreto establece que, una vez firmados, los convenios deberán ser remitidos al Congreso de la Nación para su tratamiento y ratificación. De esta manera, el Gobierno busca acelerar el proceso de traspaso de competencias judiciales hacia la Ciudad, una discusión que lleva más de dos décadas desde la reforma constitucional que consagró su autonomía.
