El Gobierno dio un nuevo paso para acelerar la venta de activos públicos. Con la publicación de la Resolución 120/26, la administración de Javier Milei autorizó la convocatoria - mediante el procedimiento de Licitación Pública de Etapa Única Nacional - la contratación de los servicios digitales para la "organización, gestión y realización de subastas electrónicas y de intermediación comercial" para la venta de bienes muebles en "condición de desuso o rezago propiedad de las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional".
A principios de julio, el Gobierno había oficializado el nuevo mecanismo para acelerar la venta de activos públicos mediante la Resolución 111/2026. En detalle, la medida permitía ampliar las modalidades de venta y permitía incorporar plataformas electrónicas para organizar los remates online.
Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló: "El Estado tenía una dificultad mayúscula para desprenderse de bienes muebles en desuso (autos, muebles, bienes de uso). Los trámites eran interminables, las demoras muchas, para vehículos, por ejemplo, las demoras llevaban el bien a la obsolescencia, y para colmo durante ese período de espera había que pagar depósito, seguros y mil cosas más".
"Es un modelo que se usa en otros países", justificó el ministro a través de un mensaje en su cuenta de X. "Brasil por ejemplo lo tiene implementado por ley hace décadas. Otros países como Chile tienen sistema mixtos estatales y privados. Para los interesados hay que presentarse a través del sitio http://comprar.gob.ar", sentenció.
El Gobierno acelera el proceso para vender bienes del Estado
La Resolución 111/2026 no solo alcanza a vehículos oficiales, sino también a una amplia variedad de activos estatales. Entre ellos figuran automóviles, camionetas, motos, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, embarcaciones, aeronaves, equipamiento militar y de seguridad, obras de arte, libros, bienes decomisados y otros elementos declarados en desuso, obsoletos o fuera de servicio.
Uno de los cambios centrales es la unificación del límite para aplicar mecanismos de comercialización más ágiles. A partir de ahora, los bienes valuados en hasta 400 módulos —equivalentes actualmente a $16 millones por unidad— podrán venderse de forma directa a través de plataformas privadas previamente seleccionadas por licitación pública. El mismo criterio regirá para aquellos activos que no encuentren comprador luego de dos subastas electrónicas.
Sin embargo, la venta directa conservará un mecanismo competitivo. Si durante la publicación del bien se presentan dos o más interesados, la operación deberá resolverse mediante una nueva subasta electrónica.
Hasta ahora, las ventas del Estado se realizaban principalmente mediante la plataforma SUBAST.AR. Con el nuevo esquema, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá contratar empresas especializadas para organizar y administrar remates digitales.
La normativa también incorpora mayores requisitos para comercializar bienes registrables. En el caso de los vehículos, será obligatorio contar con el título de propiedad, informe de dominio, estado de deudas, documentación registral y verificación policial, entre otros documentos.
El objetivo del nuevo esquema
El sistema coexistirá con la política de venta de inmuebles públicos que el Gobierno ya viene impulsando, aunque estará orientado a otro segmento: acelerar la comercialización de un gran volumen de bienes de menor valor individual.
Al mismo tiempo, la reglamentación fija resguardos para las operaciones. Establece que ningún activo podrá venderse por debajo de su valor contable y prevé tasaciones respaldadas por organismos especializados cuando las características del bien así lo requieran, con el objetivo de asegurar precios acordes al mercado.
