El juez Humberto Otazú ordenó una nueva prisión preventiva para el exsenador, que además enfrenta un pedido de extradición de la Justicia argentina. La medida se suma a la condena en suspenso que recibió por tentativa de contrabando.
La Justicia de Paraguay dictó este jueves una nueva prisión preventiva de cumplimiento domiciliario para el exsenador argentino Edgardo Kueider en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. La medida fue dispuesta por el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, luego de que el exlegislador compareciera ante el magistrado.
La resolución se suma al arresto domiciliario que Kueider ya cumplía mientras avanzaba la investigación y a la condena de dos años de prisión en suspenso que recibió el pasado 13 de julio por tentativa de contrabando, tras haber intentado ingresar dinero sin declarar a Paraguay.
Además, el exsenador también enfrenta otro pedido de prisión preventiva domiciliaria vinculado al proceso de extradición solicitado por la Justicia argentina. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La investigación por presunto lavado de activos
Kueider permanece bajo investigación junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa. La Fiscalía paraguaya sostiene que ambos habrían utilizado una estructura de empresas de pantalla, entre ellas Golsur S.A. y Exclusiva EAS, para adquirir de manera irregular seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes, en Asunción, con fondos de presunto origen ilícito.
La causa se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad. Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que viajaban u$s211.000, $3,9 millones y 646.000 guaraníes sin declarar.
La condena por contrabando
Semanas atrás, un tribunal paraguayo condenó a Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando. En el mismo fallo, Guinsel Costa recibió una pena de un año y diez meses, también de cumplimiento condicional.
Tras conocerse la sentencia, el exsenador rechazó el fallo y adelantó que lo apelará. Sostuvo que el dinero tenía un origen lícito y negó haber cometido el delito por el que fue condenado.
