La Rural admite fallas en su sistema de registro genealógico y apunta contra el proveedor


La Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció problemas en su sistema de registros genealógicos —una plataforma central para la certificación y trazabilidad de animales— y anunció medidas para sostener su funcionamiento mientras revisa el origen del proyecto.

A través de un comunicado, la entidad atribuyó las fallas al proveedor tecnológico, pero también puso el foco en decisiones tomadas durante el diseño e implementación del sistema, proceso que ubicó bajo la órbita del entonces vicepresidente Marcos Pereda.

Según detalló, la herramienta presentó desde su puesta en marcha “múltiples errores, fallas de funcionamiento” y desarrollos comprometidos que no se concretaron, junto con respuestas “extemporáneas, parciales y defectuosas” por parte de la empresa contratada. Además, señaló reclamos de pago por servicios que no se cumplieron “en tiempo y forma”.

La SRA aseguró que estos incumplimientos fueron advertidos oportunamente y que quedaron documentados. En ese sentido, afirmó que “han quedado reflejados en la auditoría externa” actualmente en curso, que busca determinar responsabilidades.

demorada. La causa por la venta a precio irrisorio del terreno donde se asienta la Sociedad Rural había sido elevada a juicio oral en 2015, pero comenzó recién ayer.

demorada. La causa por la venta a precio irrisorio del terreno donde se asienta la Sociedad Rural había sido elevada a juicio oral en 2015, pero comenzó recién ayer.

El proyecto se remonta al Plan Estratégico 2021, cuando se impulsó la modernización tecnológica de la entidad. De acuerdo con el comunicado, en esa etapa —bajo la órbita de Pereda y su equipo— se concentraron decisiones clave vinculadas al diseño, presupuesto y ejecución del sistema.

La entidad también indicó que el contrato fue firmado pese a que el auditor legal había realizado “observaciones críticas y advertencias sustanciales” que no fueron consideradas en ese momento. Con el tiempo, los desvíos se acumularon: demoras en los plazos, entregas parciales y diferencias respecto de las prestaciones acordadas.

Plan de contingencia

Frente a este escenario, la conducción actual puso en marcha un plan de contingencia. “Se están implementando soluciones alternativas que aseguren el normal funcionamiento del sistema con la mayor celeridad posible”, señaló.

El comunicado, además, marcó un quiebre con quienes participaron del proyecto. La SRA subrayó que todas las personas involucradas en la concepción e implementación del sistema ya no forman parte de la institución.

Al mismo tiempo, dejó al descubierto tensiones internas. Sin mencionar nombres, cuestionó a miembros de su propia Comisión Directiva al advertir que “llama poderosamente la atención” que intenten despegarse de decisiones en las que participaron, y consideró “aún más grave” que un directivo adopte posiciones contrarias a la entidad.

Con este posicionamiento, la SRA busca encauzar un sistema clave que no funcionó como se esperaba, mientras la revisión del proyecto y la auditoría en curso amenazan con profundizar la disputa interna en su conducción.

Registros genealógicos: la oposición acusa a Pino y exige una auditoría por el software millonario

El espacio Renovación con Unidad salió al cruce de la conducción de la Sociedad Rural Argentina por el conflicto en torno al sistema de registros genealógicos y acusó al presidente Nicolás Pino de ser el principal responsable del fracaso del proyecto. En un duro documento, señalaron que la comunicación oficial “no solo falta a la verdad”, sino que busca “encubrir responsabilidades propias” y desviar el foco hacia terceros. Según plantearon, en una estructura presidencialista como la de la entidad, las decisiones estratégicas y el control de ejecución recaen en la conducción, por lo que “el único responsable del fracaso del sistema de registros es Nicolás Pino”.

Desde el espacio opositor también cuestionaron la gestión del contrato con la empresa desarrolladora. Recordaron que fue firmado en junio de 2023 pese a advertencias del auditor legal y apuntaron contra la falta de controles: un proyecto previsto para nueve meses terminó extendiéndose por más de dos años. “La propia comunicación oficial admite” esas irregularidades, remarcaron, y se preguntaron quién autorizó avanzar en esas condiciones. Además, denunciaron que el costo total superó losu$s3 millones, un perjuicio que atribuyen a “una conducción que falló en sus mecanismos de seguimiento y auditoría en tiempo real”.

En ese marco, rechazaron que se intente involucrar a Marcos Pereda y sostuvieron que fue uno de los dirigentes que había advertido problemas en el esquema de decisiones. Para Renovación con Unidad, el episodio refleja “mala administración y falta de controles”, por lo que reclamaron una auditoría independiente y de alcance total sobre el proceso. También advirtieron sobre el uso político de la estructura institucional en medio de la interna: “los socios merecen la verdad”, afirmaron, y exigieron que se transparenten todas las decisiones vinculadas al proyecto.


Fuente: AMBITO

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