Al mismo tiempo, el RIGI continúa consolidándose como uno de los principales motores de inversión. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía, ya existen 16 proyectos aprobados por casi u$s29.900 millones, mientras otros 25 proyectos por más de u$s111.000 millones permanecen en evaluación. En conjunto, el régimen moviliza 41 iniciativas por más de u$s140.000 millones, con un potencial cercano a 197.000 empleos directos e indirectos en sectores estratégicos como petróleo, gas, minería, infraestructura y energías renovables.
Entre las iniciativas más recientes aparecen el gasoducto de exportación de San Matías Pipeline (u$s1.300 millones), el proyecto Rincón de Aranda en Vaca Muerta (u$s4.521 millones), el desarrollo Bandurria Norte de Vista (u$s5.800 millones), el proyecto de litio de LIEX en Catamarca (u$s709 millones) y una posible ampliación de Minas Argentinas para Gualcamayo por hasta u$s1.500 millones.
En paralelo, el Gobierno avanza con dos licitaciones estratégicas para fortalecer la infraestructura eléctrica mediante sistemas de almacenamiento con baterías (BESS). La convocatoria ALMA-GBA, destinada al Área Metropolitana de Buenos Aires, adjudicó 713 MW con una inversión estimada superior a u$s540 millones, mientras que la nueva licitación ALMA-SADI, orientada a nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el interior del país, prevé adjudicar una primera etapa de 700 MW por alrededor de u$s700 millones. El interés del mercado superó ampliamente las expectativas: se presentaron 235 ofertas de 37 empresas por más de 8.300 MW, con un potencial de inversión cercano a US$8.200 millones, lo que refleja el fuerte atractivo que genera el desarrollo de infraestructura energética en la Argentina.
Sin embargo, mientras las inversiones y las exportaciones crecen, la encuesta de APSEE muestra que la situación cotidiana de muchos trabajadores sigue deteriorándose.
Ocho de cada diez trabajadores tienen deudas
El dato más contundente del informe es que el 80% de los trabajadores consultados declaró tener algún tipo de deuda. Pero el aspecto más preocupante no es solamente el nivel de endeudamiento, sino su destino.
El 33% se endeuda para cubrir gastos cotidianos como alimentos, ropa o bienes básicos; el 27% utiliza créditos para afrontar alquileres y expensas; mientras que el 26% recurre a préstamos para pagar tarjetas de crédito.
La secretaria técnica y de Relaciones Internacionales de APSEE y presidenta de IAETES, Mara Rivera, explicó a Energy Report que el estudio refleja un cambio estructural en la economía de los hogares. "Hoy trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes. Encontramos que el 80% de los trabajadores encuestados tienen algún tipo de deuda y, en muchos casos, esa deuda no es para consumir bienes de lujo, sino para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquiler, expensas o incluso pagar otras deudas. Eso marca un cambio muy profundo. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a ser un mecanismo de supervivencia", afirmó.
El informe agrega otro indicador preocupante: el 37% de quienes tienen deudas presenta atrasos en los pagos, mientras que uno de cada cuatro ya recibió contactos de gestores de cobranza.
Incluso la tradicional Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) perdió su función de incentivo económico: el 49% de los trabajadores destina ese ingreso extraordinario directamente a cancelar deudas acumuladas.
El costo invisible: jornadas más largas y salud mental deteriorada
La investigación también revela que el deterioro económico tiene consecuencias directas sobre la salud.
El 65% de los trabajadores manifestó que su salud mental empeoró durante el último año.
Entre los síntomas más frecuentes aparecen:
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ansiedad (55%);
angustia (45%);
insomnio (35%);
irritabilidad;
sensación de ahogo;
taquicardia.
Los investigadores observaron además una fuerte correlación entre endeudamiento y deterioro emocional.
Rivera sostuvo que la presión económica también modificó la organización del trabajo. "Muchos trabajadores y trabajadoras extendieron su jornada laboral o buscaron un segundo empleo para sostener sus ingresos. Esa realidad tiene consecuencias concretas sobre la salud mental, con altos niveles de ansiedad, angustia e insomnio. Es una señal de alerta que la negociación colectiva no puede ignorar", señaló.
Más horas de trabajo y una brecha de género persistente
El relevamiento muestra que el aumento del tiempo de trabajo aparece como una de las principales estrategias para compensar la pérdida de poder adquisitivo. El 68% de los varones declaró haber incorporado horas adicionales durante los últimos dos años.
Entre las mujeres ocurre una situación distinta: el 36% afirmó que hubiera necesitado sumar horas de trabajo, pero no pudo hacerlo, principalmente por las responsabilidades de cuidado. La desigualdad también aparece en las tareas no remuneradas.
Mientras el 57% de las trabajadoras dedica más de cinco horas diarias a tareas de cuidado, esa proporción baja al 37% entre los hombres, una diferencia que limita las posibilidades de incrementar ingresos mediante jornadas adicionales.
Una paradoja en medio del boom energético
Para Rivera, el contraste entre el extraordinario potencial del sector y la situación que viven los trabajadores constituye uno de los principales desafíos hacia los próximos años.
"Lo paradójico es que esto sucede en un momento en que la Argentina tiene enormes oportunidades de crecimiento energético. Vaca Muerta, el desarrollo de las energías renovables y las inversiones previstas muestran un sector con gran potencial, pero ese crecimiento todavía no se traduce automáticamente en una mejora de las condiciones de vida de quienes hacen posible esa producción", advirtió.
La dirigente sostuvo que el desafío no pasa únicamente por incrementar la producción, sino por distribuir mejor los beneficios del crecimiento. "Tenemos un gran desafío hacia 2027: que el crecimiento del sector vaya acompañado por una mejor distribución de esos beneficios. La negociación colectiva debe discutir no solo salarios, sino también formación profesional, conciliación entre la vida familiar y laboral y condiciones de trabajo de calidad", afirmó.
Reforma laboral: predomina el pesimismo
La encuesta también consultó la percepción de los trabajadores respecto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Los resultados muestran un elevado nivel de preocupación. El 59% considera que su situación laboral empeorará mucho, mientras que otro 15% cree que empeorará algo.
Al consultar cuáles deberían ser las principales herramientas para defender los derechos laborales, las respuestas se distribuyeron entre la participación electoral (34%), la negociación sindical (32%) y la movilización (22%).
En ese contexto, el secretario general de APSEE, Carlos Minucci, sostuvo que el estudio busca transformar preocupaciones individuales en herramientas colectivas de acción. "Como sindicato creemos que conocer es una forma de organizar. Cuando las preocupaciones individuales encuentran un espacio colectivo para expresarse, analizarse y debatirse, se convierten en una herramienta para la defensa de derechos y la construcción de respuestas comunes", expresó.
"No alcanza con producir más energía"
El trabajo fue coordinado por Lucía Cavallero y Verónica Gago, del Grupo de Investigación e Intervención Feminista de la UBA, con la coordinación gremial de Mara Rivera, y constituye uno de los primeros relevamientos específicos sobre endeudamiento, condiciones laborales y salud mental entre trabajadores del sector energético argentino.
Para Rivera, el verdadero éxito del desarrollo energético no podrá medirse únicamente por los volúmenes de producción, las exportaciones o las inversiones anunciadas.
"El desarrollo energético será verdaderamente exitoso cuando también signifique mejores condiciones de vida para sus trabajadores y sus trabajadoras. No alcanza solo con producir más energía. El desafío del crecimiento también es producir bienestar para quienes hacen posible ese crecimiento todos los días", concluyó.
