El Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para modificar el funcionamiento del BCRA. El objetivo es reforzar su independencia, impedir el financiamiento monetario del Tesoro y replicar aspectos del modelo peruano, considerado un caso exitoso de estabilidad monetaria en la región.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será uno de los proyectos económicos que el Gobierno buscará impulsar durante el segundo semestre. La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque en Casa Rosada sostienen que responde, sobre todo, a uno de los pilares del programa económico de Javier Milei, que consiste en establecer límites permanentes a la emisión monetaria y blindar por ley la estabilidad de precios.
El proyecto apunta a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y, especialmente, el artículo que define sus objetivos. La legislación vigente, reformada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El oficialismo considera que ese esquema amplió excesivamente las funciones del organismo y habilitó una mayor discrecionalidad en la política monetaria.
La intención del Gobierno es volver a un mandato más acotado, con la estabilidad de precios como objetivo prioritario. En ese punto, Milei tomó como referencia la legislación peruana, que establece como finalidad principal del banco central preservar el valor de la moneda. En el oficialismo sostienen que ese diseño institucional contribuyó a que Perú mantuviera durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio de América Latina, incluso atravesando sucesivas crisis políticas.
Cómo es la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que prepara el Gobierno
- Otro de los ejes centrales será restringir la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. El Gobierno pretende eliminar o limitar al máximo los mecanismos que permiten asistir al Estado mediante emisión monetaria, una práctica que identifica como una de las principales causas de la inflación. En distintas oportunidades, el Presidente incluso sostuvo que esa prohibición debería quedar plasmada en la legislación para impedir que futuros gobiernos recurran nuevamente a ese instrumento.
- La iniciativa también buscará fortalecer la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. El objetivo es que las decisiones de política monetaria queden resguardadas de las necesidades fiscales del gobierno de turno y se establezcan reglas más rígidas para el funcionamiento de la autoridad monetaria, en línea con las recomendaciones que el FMI viene realizando desde hace años para la Argentina.
- Dentro del Gobierno también consideran que la reforma implicará revisar buena parte de las modificaciones incorporadas por la Ley 26.739, sancionada en 2012. Aquella norma amplió las facultades del Banco Central y permitió que la entidad desempeñara un papel más activo en el financiamiento de políticas públicas y del Tesoro. Para la actual administración, ese cambio desdibujó el rol original del organismo y favoreció una utilización recurrente de la emisión para cubrir el déficit fiscal.
- El debate, sin embargo, excede las fronteras del oficialismo. Entre los economistas existe consenso sobre la importancia de fortalecer la credibilidad del Banco Central, aunque no todos coinciden con el alcance de la reforma. Algunos sostienen que concentrar el mandato exclusivamente en la estabilidad monetaria mejora la previsibilidad y reduce el riesgo inflacionario. Otros advierten que limitar demasiado las funciones del organismo podría restarle herramientas para intervenir frente a crisis financieras o actuar como prestamista de última instancia.
- La reforma aparece, además, como una de las metas estructurales incluidas en el nuevo acuerdo con el FMI. Por ese motivo, el Gobierno busca avanzar con el proyecto durante este año, junto con otras iniciativas vinculadas al programa económico. En la Casa Rosada consideran que dotar al Banco Central de un nuevo marco legal constituye un paso necesario para consolidar el proceso de desinflación y otorgar mayor previsibilidad al esquema macroeconómico.
Más allá de la discusión técnica, el tratamiento parlamentario tendrá un fuerte componente político. El oficialismo deberá reunir mayorías para aprobar una modificación que toca uno de los instrumentos más sensibles de la política económica y que volverá a poner en debate cuál debe ser el rol del Banco Central en la Argentina.
