El gobierno de Rodrigo Paz desplegó a las fuerzas militares para despejar rutas mientras continúa la crisis política y social. Ya se registraron al menos 14 muertos y cientos de detenidos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción por 90 días para intentar recuperar el control de las rutas bloqueadas por manifestantes y poner fin a una crisis que ya lleva más de siete semanas, provocó un fuerte impacto económico y dejó al menos 14 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.
A las 02.35 de la madrugada de este domingo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el Decreto Supremo 5636 que establece el Estado de Excepción en todo el país. La sesión que estaba convocada a las 23 del sábado demoró su inicio hasta cerca a la medianoche.
La medida habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía en el despeje de carreteras, la protección de infraestructura estratégica y el restablecimiento de la circulación de alimentos, combustibles y medicamentos. Según el Gobierno, el decreto no suspende las garantías constitucionales, aunque prohíbe expresamente los bloqueos de rutas y el uso de explosivos u otros elementos considerados violentos.
El anuncio llegó apenas horas después de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar desactivar parte de las protestas. Sin embargo, organizaciones campesinas e indígenas rechazaron el entendimiento, mantuvieron los cortes de rutas y ratificaron su exigencia de que el presidente abandone el cargo.
La crisis que paraliza a Bolivia
Las manifestaciones comenzaron hace más de 50 días como respuesta al fuerte ajuste económico impulsado por el Gobierno de Rodrigo Paz, entre ellas la eliminación de subsidios a los combustibles en medio de la escasez de dólares y las dificultades fiscales que enfrenta Bolivia.
Los bloqueos afectaron principalmente los accesos a La Paz, Cochabamba y otras ciudades, generando problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y productos esenciales, además de complicaciones en la atención sanitaria y el transporte de mercaderías.
El Gobierno sostiene que los cortes buscan desestabilizar la democracia y responsabiliza a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de promover las protestas. Morales, por su parte, niega esas acusaciones y afirma que las movilizaciones son consecuencia del deterioro económico y del creciente malestar social.
evo morales rodrigo paz
Militares en las rutas
Tras la entrada en vigencia del estado de excepción, efectivos militares y policiales comenzaron a intervenir en distintos puntos del país para liberar carreteras estratégicas. Las autoridades aseguraron que el objetivo es garantizar la libre circulación y evitar un mayor deterioro de la economía.
No obstante, distintos sectores sociales advirtieron que la presencia militar podría profundizar el conflicto si no se acompaña con nuevas instancias de diálogo, especialmente con las organizaciones campesinas que no participaron del acuerdo firmado con la COB.
La Constitución boliviana establece que el decreto presidencial debe ser analizado por la Asamblea Legislativa, que dispone de un plazo de hasta 72 horas para aprobarlo o rechazarlo. Mientras tanto, el país permanece en estado de máxima tensión, con varios bloqueos todavía activos y una profunda incertidumbre sobre la evolución del conflicto.
