El diputado bonaerense y exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia presentó un pedido de juicio político contra el juez Alejandro López, quien esta semana absolvió al dirigente del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, acusado de extorsión y de haber participado en el bloqueo de una empresa distribuidora de San Pedro. La denuncia apunta a determinar si el magistrado incurrió en mal desempeño por presuntas irregularidades en la fundamentación de su sentencia.
La presentación fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Allí, Passaglia cuestionó la actuación del integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, que el miércoles 14 de octubre dictó la absolución de Cabaleyro y otros seis imputados en una causa que se inició por las denuncias de los propietarios de Rey Distribución.
El legislador, referente del partido Hechos, anunció su decisión a través de su cuenta de X. "Por eso pedí el Jury del juez López. Y quiero que se investigue a fondo cómo llegó a justificar esta decisión. Ser juez no te hace intocable. Si tomás una decisión de esta gravedad, tenés que dar explicaciones. Y si no podés justificarla, no podés seguir administrando justicia como si nada hubiera pasado", escribió.
En su publicación, Passaglia recordó los episodios ocurridos en 2021, cuando trabajadores vinculados al gremio de Camioneros realizaron medidas de fuerza frente a la distribuidora. "Ahora el juez garantista Alejandro López los absolvió. Reconoció que hubo bloqueo, pero consideró que estaban ejerciendo legítimamente un derecho. Es una locura", cuestionó.
Y agregó: "Un derecho que atropella los derechos de muchas otras personas no puede justificarse. Una cosa es reclamar. Otra es plantarte en la puerta de una empresa y no dejarla trabajar".
La denuncia judicial, presentada con el patrocinio del abogado Ignacio Mateucci, sostiene que el magistrado pudo haber incurrido en "incumplimientos graves de los deberes inherentes a su cargo" al fundamentar las absoluciones vinculadas con los bloqueos denunciados por la empresa.
El planteo se concentra en dos aspectos de la sentencia. El primero es la interpretación que hizo el juez sobre el derecho de huelga y su relación con los derechos de propiedad y de ejercer una actividad comercial.
Según la presentación, López reconoció que durante las protestas se produjo una obstrucción en los accesos a la distribuidora que impidió la salida de vehículos y limitó la actividad de la empresa. Sin embargo, consideró que esas conductas se encontraban amparadas por el ejercicio de un derecho, el de huelga.
Passaglia cuestionó que el magistrado hubiera justificado la modalidad de protesta a partir de los reclamos laborales que dieron origen al conflicto, sin analizar suficientemente los límites de las medidas adoptadas.
En el escrito se sostiene que las circunstancias laborales invocadas en el fallo "no resuelven por sí solas si la modalidad concreta de obstrucción, su duración y alcance quedaban comprendidos en el legítimo ejercicio del derecho invocado".
El segundo cuestionamiento se refiere a la utilización de antecedentes judiciales para fundamentar la absolución. En particular, la denuncia objeta la interpretación que López realizó del caso "Kot", un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1958 relacionado con la ocupación de un establecimiento durante un conflicto laboral.
Para el denunciante, el magistrado habría utilizado ese antecedente para respaldar la improcedencia de la intervención penal sin explicar suficientemente su aplicación a los hechos juzgados.
"No se solicita su revocación ni la condena de los absueltos", aclara la presentación sobre el alcance del pedido. El objetivo, según el escrito, es establecer si existió una deficiencia grave en el deber de fundamentar la sentencia que pueda constituir una causal de enjuiciamiento.
La absolución del dirigente de Camioneros
El fallo que originó la denuncia se conoció el miércoles, cuando el juez López absolvió a Cabaleyro, referente del Sindicato de Camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo, y a otros seis acusados por los hechos denunciados por Rey Distribución.
La causa se había iniciado a partir de distintos conflictos entre el gremio y los propietarios de la empresa, que denunciaron bloqueos y presuntas exigencias de dinero para permitir el normal funcionamiento de la distribuidora.
Entre los episodios investigados figuraban medidas de fuerza realizadas el 15 de enero de 2021 y entre el 22 y el 25 de febrero de ese mismo año, cuando manifestantes se instalaron frente al establecimiento de la calle Bonorino 175, en San Pedro.
Durante el juicio, Cabaleyro (que llegó con prisión preventiva) enfrentó acusaciones por turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión. La Fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión, mientras que la querella reclamó una pena de quince años.
Sin embargo, el magistrado entendió que los hechos vinculados con los bloqueos no configuraban los delitos atribuidos porque las acciones acreditadas se encontraban comprendidas en el ejercicio del derecho de huelga. También sostuvo que no se habían probado otras imputaciones contra el dirigente.
En los fundamentos del veredicto, López señaló que los acusados no habían ejercido violencia ni provocado daños y que tampoco se había acreditado que hubieran intimidado o amenazado a personas durante las medidas de fuerza.
La sentencia dispuso además la inmediata libertad de Cabaleyro, quien había sido detenido en abril de 2022 y permanecía bajo arresto domiciliario.
La detención del sindicalista había provocado entonces un fuerte conflicto entre Camioneros y el municipio de San Nicolás, gobernado en ese momento por Passaglia. El sindicato realizó protestas y bloqueos en los accesos a la ciudad que afectaron la recolección de residuos y la distribución de alimentos.
El enfrentamiento político entre el exintendente y el gremio de Hugo y Pablo Moyano volvió a quedar expuesto tras la absolución.
Ahora, con la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, Passaglia busca que se examine la actuación del juez López y se determine si existen elementos para avanzar con un proceso de remoción.
En el petitorio solicita que, de acreditarse cargos de entidad suficiente, "se continúe el procedimiento de enjuiciamiento y se adopte, en la etapa legal oportuna, la decisión que corresponda".
Publicado originalmente en 24Digitalweb.
