La delincuencia solía estar tan fuera de control en Caracas que Miguel Dao, un negociador profesional especializado en secuestros, fue contratado para conseguir la liberación de tres rehenes diferentes en un solo día.
Sin embargo, han pasado tres años desde la última vez que Dao negoció algún secuestro.
La tasa de homicidios en Caracas se ha desplomado en los últimos años, un cambio notable para una ciudad que en su día fue conocida como la capital más violenta del mundo.
Los atracos en la calle son poco frecuentes.
Los secuestros, tanto los casos prolongados con rescates elevados como los secuestros “exprés” que duran aproximadamente un día, han desaparecido prácticamente por completo.
Dao, exdirector del equivalente venezolano del FBI, afirmó que era crítico con el gobierno autoritario del país.
No obstante, calificó el fuerte descenso de la delincuencia bajo su mandato como un “logro por donde se mire”.
“Los aplaudo por este triunfo”, dijo Dao, de 77 años, propietario de un bufete de abogados en Caracas, la capital de Venezuela.
“Lo que no sé es si esto va a durar”.
Los devastadores terremotos de junio pusieron de relieve lo frágil que podría ser esa recién adquirida sensación de paz, cuando surgieron temores de que el tejido social de la ciudad pudiera desmoronarse.
Sin embargo, la delincuencia se ha mantenido en gran medida bajo control, y los visitantes que llegaron tras los terremotos quedaron asombrados por lo segura que se percibía Caracas.
La sensación de seguridad en la capital, y en algunas otras partes de Venezuela, se cuenta entre los mayores cambios en materia de seguridad de América Latina.
Esta transformación suele quedar eclipsada por los cambios en otro país autoritario, El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele redujo la delincuencia en gran medida gracias a los encarcelamientos masivos, lo que ha inspirado a otros en la región a seguir su ejemplo.
Diferentes factores —algunos dignos de una pesadilla— impulsaron las mejoras en materia de seguridad en Caracas.
Ignorando el sistema judicial, las brigadas policiales ejecutaron a miles de jóvenes pobres, según investigadores de las Naciones Unidas, en una campaña dirigida contra el grupo demográfico con mayor probabilidad de unirse a bandas criminales.
La migración masiva también influyó, ya que los miembros de las bandas constituían un pequeño porcentaje de los millones de personas que huyeron del colapso económico de Venezuela.
Yo vivía en Caracas cuando aún era una de las ciudades más mortíferas del mundo.
Las conversaciones sobre secuestros dominaban las cenas. La gente dejó de salir por la noche.
Los asaltos mortales perpetrados por ladrones de teléfonos inteligentes se hicieron tan habituales que se les llamó “muerte por Blackberry”.
Desde la morgue de la ciudad, escribí sobre cómo Venezuela había registrado más de 16.000 asesinatos en un solo año, el triple del número de muertes de civiles por actos violentos durante el mismo periodo en Irak, cuando la guerra allí estaba en pleno apogeo.
Hugo Chávez, entonces líder de Venezuela, respondió denunciándome en la televisión nacional.
Mi familia y yo nos escondimos hasta que centró su ira en otra cosa.
Cuando nos marchamos de Venezuela en 2011, los temores omnipresentes ante los delitos violentos formaban parte del tejido de la vida cotidiana.
Cuando regresé a Caracas este año, me quedé atónito.
Una ciudad legendaria por infundir miedo incluso a los viajeros más curtidos parecía más segura que otras grandes ciudades latinoamericanas, como Bogotá o San Pablo.
Varios recorridos a pie estaban volviendo a familiarizar a los caraqueños con su propia ciudad.
En plazas bien iluminadas, las parejas descansaban en los bancos hasta bien entrada la noche.
La vida nocturna había vuelto con fuerza a lo que antes eran zonas prohibidas.
Uno de los aspectos más extraños de esta nueva normalidad era lo poco que la gente —y los dirigentes venezolanos— hablaban de ello.
En cambio, muchos en Caracas parecían centrados simplemente en ganar lo suficiente para vivir.
A diferencia de lo que ocurría en El Salvador, las autoridades no alardeaban constantemente de la reducción de la delincuencia.
Luiz Izquiel, criminólogo, atribuyó esta ambivalencia a los métodos brutales que el gobierno utilizó para reducir las tasas de delincuencia.
(El gobierno de Venezuela no respondió a varias solicitudes de comentarios).
“Una cosa es que Bukele se jacte de construir una de las prisiones más grandes del mundo”, dijo Izquiel, aludiendo al CECOT, el complejo penitenciario símbolo de las políticas de seguridad de El Salvador.
“Otra muy diferente es que Delcy celebre la ejecución de miles de venezolanos en nombre de la paz”, añadió, refiriéndose a Delcy Rodríguez, que sustituyó este año a Nicolás Maduro al frente de Venezuela.
Hace aproximadamente una década, Maduro puso en marcha lo que denominó “Operación Liberación del Pueblo”, lo que supuso el inicio de redadas policiales altamente militarizadas en barrios de bajos recursos.
El objetivo declarado era desmantelar las bandas armadas.
Métodos
Pero, en lugar de reducir la delincuencia a través del sistema judicial, la estrategia consistió en gran medida en ejecuciones extrajudiciales.
Se centró principalmente en hombres jóvenes, justificando sus asesinatos bajo la etiqueta burocrática de “resistencia a la autoridad”.
Las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6856 personas en un solo periodo de 18 meses entre 2018 y 2019, según constataron investigadores de las Naciones Unidas, y a menudo manipularon las escenas del crimen para que pareciera que las víctimas se habían resistido a la detención.
La Corte Penal Internacional respondió con su propia investigación.
Pero en julio, Venezuela anunció que se retiraría de la CPI, siguiendo el ejemplo de países como Filipinas y Burundi, que también se retiraron mientras estaban bajo el escrutinio de la corte.
El gobierno de Donald Trump, que ejerce un control excepcional sobre el gobierno de Venezuela, ha respaldado esta medida en su intento por desmantelar la CPI, impulsado principalmente por las órdenes de detención de la corte contra líderes israelíes y la posibilidad de que la CPI examine la conducta del ejército estadounidense.
Funcionarios de Trump anunciaron este mes nuevas y amplias sanciones contra la CPI después de que Noruega le otorgara el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, una abogada que ejerció como jueza en la corte.
Los expertos jurídicos afirman que la CPI sigue teniendo jurisdicción sobre las atrocidades en cuestión, incluso aunque Venezuela intente abandonar el tribunal.
Mientras tanto, quienes perdieron a familiares en las redadas policiales siguen intentando recuperarse de la tragedia.
Casos
Millanyela Fernández contó que su hijo, Richard Jesús Briceño, de 23 años, no tenía antecedentes penales cuando una unidad policial irrumpió en su barrio de La Vega en 2021 y le disparó mortalmente ante sus ojos.
“A mi hijo me lo arrodillan y me le dieron un tiro en el corazón del pecho”, dijo Fernández, de 46 años, que trabaja como empleada doméstica.
“Yo abrí la ventana y yo le grité que no se me arrodillara, que me lo iban a matar. De igual manera, él cumplió órdenes y me lo mataron”.
La nueva líder de Venezuela, Rodríguez, hizo una inusual mención de los avances en materia de seguridad en enero, afirmando que la tasa de homicidios del país había alcanzado un mínimo de 3 por cada 100.000 habitantes en 2025.
Es innegable que la seguridad ha mejorado en Caracas y en gran parte del resto del país, pero los criminólogos se mostraron escépticos ante esa cifra, que situaría a Venezuela entre los países con menores tasas de homicidios de las Américas.
El gobierno de Venezuela no facilitó datos que respaldaran su afirmación, y hace años que las autoridades no publican estadísticas exhaustivas sobre delincuencia, ni siquiera del censo.
Además de la escasez de información fiable sobre la actividad delictiva, las autoridades han dejado claro que cualquiera que critique públicamente las políticas de seguridad, o incluso que pregunte por la situación actual, podría sufrir consecuencias.
En un caso ocurrido el año pasado, una periodista, Nakary Mena Ramos, permaneció detenida durante meses tras entrevistar a varias personas para averiguar si los robos en la calle estaban aumentando debido al regreso de personas deportadas desde Estados Unidos.
Ese caso puso de manifiesto otro tema muy delicado para las autoridades:
el papel de la migración masiva en la reducción de la actividad delictiva y la posibilidad de que la delincuencia resurja a medida que aumentan las deportaciones.
Algunos en Caracas consideran que la calma es un respiro temporal que se debe a las políticas de mano dura, que están empezando a suavizarse.
Rodríguez anunció recientemente un plan para eliminar los controles policiales en ciudades de toda Venezuela, lo que podría suponer la eliminación de un factor disuasorio.
Aun así, otros factores han contribuido al descenso de la delincuencia.
Cuando la economía venezolana se desplomó, mucha gente simplemente tenía menos dinero y menos objetos de valor que robar.
La delincuencia callejera también perdió parte de su atractivo cuando Venezuela adoptó de manera informal el dólar estadounidense y comenzó a introducir sistemas de pago electrónico.
La falta de moneda local en circulación redujo las oportunidades para los atracos y los secuestros exprés.
Tras las incursiones en zonas de bajos ingresos, las autoridades también llevaron a cabo redadas en las cárceles, que se habían convertido en el cuartel general operativo de algunas bandas.
El resultado, según algunos caraqueños, es una apariencia de seguridad en la que la era de las bandas callejeras ha sido sustituida por un sistema institucionalizado en el que la policía y las fuerzas militares ejercen el control tanto sobre el territorio como sobre las redes de extorsión.
En la Cota 905, un laberíntico asentamiento ilegal, la gente intenta adaptarse. Hasta 2021, la zona funcionaba como un bastión criminal autogobernado donde los miembros de las bandas escondían a las víctimas de secuestro.
Entonces, las autoridades pusieron en marcha una operación de varios días que acabó con la vida o dispersó a los líderes de la banda que controlaban la Cota 905.
Las fuerzas de seguridad dieron caza y mataron al líder de la banda, Carlos Luis Revette, más conocido como “El Koki”.
Según los residentes, decenas de otros jóvenes inocentes perdieron la vida en las redadas policiales.
El trauma por tanto derramamiento de sangre persiste, aunque la Cota 905 se haya vuelto mucho más segura.
Ahora, los recorridos guiados a pie llegan hasta lo más profundo de la zona. Los visitantes, en su mayoría procedentes de zonas acomodadas de Caracas, bailan salsa con los vecinos antes de que la excursión termine en una torre de vigilancia semidestruida que fue la base de operaciones de “El Koki”.
Neyda Cuauro, que vende refrescos a los visitantes, dijo que ni ella ni sus vecinos tenían idea de cuánto duraría esta nueva calma.
“Ahorita la cosa está más tranquila, pero mira cómo llegamos a esto”, dijo Cuauro, de 44 años, señalando la puerta de su casa, aún salpicada por los impactos de bala de las redadas policiales. “Con razón nuestros muchachos corren cuando ven a la policía”.
Isayen Herrera colaboró con reportes.
Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.
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Publicado originalmente en 24Digitalweb.
