El Consejo de Ministros en España aprobó este martes un proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), con la que el gobierno busca sentar las bases de un nuevo marco regulatorio que garantice el uso confiable y ético de estas nuevas tecnologías.
La propuesta toma como referencia el Reglamento Europeo de IA que ya se encuentra en vigor. Ahora, el texto será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder”, el ministro de transformación digital, Óscar Lopez.
De esta manera, para garantizar la correcta aplicación de la ley, el texto prevé un importante marco sancionador cuyas multas parten de los 6 mil euros para los casos más leves y llegan a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para los más graves.
Entre las multas mas graves se encuentra:
- Creación de imágenes falsas de contenido sexual.
- Uso de sistemas masivos de clasificación biométrica por razones de raza, credo, orientación política o sexual.
- Aquellas infracciones que afecten a grupos más vulnerables, como niños o personas con discapacidad.
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Además, la futura ley recoge prohibiciones sobre usos que manipulen decisiones de forma subliminal, exploten vulnerabilidades de personas por edad, discapacidad o situación socioeconómica, o desplieguen sistemas diseñados para inducir conductas perjudiciales.
También se contemplan casos especialmente sensibles vinculados al uso de sistemas capaces de detectar perfiles vulnerables para inducirlos a, por ejemplo, ingresar a plataformas de juego online.
Qué cambia para empresas y usuarios
Para las empresas, la ley supone un cambio de cultura regulatoria. A la hora de lanzar productos basados en IA habrá que verificar si el sistema entra en una categoría prohibida, si exige obligaciones reforzadas por ser de alto riesgo o si necesita medidas de transparencia adicionales.
Por su parte, para los usuarios el impacto se notará particularmente cuándo están ante una imagen, un audio o un video manipulados, algo crucial en política, publicidad, entretenimiento y redes sociales, donde el límite entre lo real y lo artificial es cada vez más chico.
Tras la tramitación parlamentaria el texto puede sufrir cambios y negociaciones antes de su aprobación final. Además, falta ver cómo encaja con la evolución del Reglamento Europeo de IA y con otras normas españolas vinculadas al entorno digital.
