La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó su estrategia judicial respecto de los reclamos iniciados por jubilados contra el cobro del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes previsionales. El organismo dejará de apelar sentencias favorables para los adultos mayores en causas vinculadas con descuentos tributarios.
El nuevo criterio surge luego de varios años de fallos de la Corte Suprema favorables a quienes cuestionaron las retenciones aplicadas sobre sus ingresos previsionales. El organismo formalizó la medida mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. El documento establece que los representantes fiscales ya no deberán presentar nuevos recursos ante la Corte Suprema, en expedientes relacionados con el impuesto a las ganancias sobre jubilaciones.
La resolución también ordena desistir de apelaciones ya iniciadas que todavía no obtuvieron respuesta judicial. La medida alcanza causas que continúan abiertas en distintas instancias del sistema judicial. ARCA sostuvo en el texto oficial que la modificación busca evitar “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”. La decisión se vincula con el rechazo sistemático que la Corte Suprema mantuvo sobre las apelaciones impulsadas por el organismo.
La nueva postura impactará sobre los reclamos judiciales impulsados por jubilados, que cuestionan descuentos aplicados sobre sus haberes. El criterio oficial reconoce el peso de la jurisprudencia consolidada por el máximo tribunal.
El antecedente tributario de ARCA que cambió la decisión frente a los haberes
La decisión de ARCA tomó como referencia el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre haberes jubilatorios.
El expediente se convirtió en un antecedente central dentro del ámbito previsional y tributario argentino. La demandante era una jubilada de 79 años con problemas de salud que sufría retenciones equivalentes a entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que el cobro del tributo en esas condiciones vulneraba principios constitucionales vinculados con igualdad y protección de sectores vulnerables.
La Corte Suprema sostuvo que el envejecimiento y la discapacidad generan mayores necesidades económicas. El tribunal indicó que esos factores deben contemplarse al momento de establecer cargas tributarias para jubilados y pensionados. La sentencia también ordenó devolver las sumas retenidas desde la presentación de la demanda. El fallo dispuso además que no correspondían descuentos por ganancias sobre la prestación previsional de la demandante hasta que el Congreso sancionara una ley específica.
El máximo tribunal mantuvo el mismo criterio en otros expedientes posteriores relacionados con haberes jubilatorios. La Corte consideró que los cambios introducidos por la Ley 27.617 no resolvieron el problema de fondo. Los magistrados entendieron que las modificaciones tributarias posteriores se basaron en criterios patrimoniales y no incorporaron un tratamiento diferencial para jubilados en situación de vulnerabilidad por edad o enfermedad.
La reiteración de fallos favorables para jubilados fortaleció los reclamos judiciales impulsados contra las retenciones del impuesto a las Ganancias. Esa acumulación de antecedentes terminó modificando la estrategia del organismo recaudador.
Cómo operará ARCA de ahora en más
La nueva instrucción determina que los representantes fiscales no deberán presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema en este tipo de expedientes. El organismo tampoco impulsará recursos de queja cuando los planteos sean rechazados en instancias previas.
ARCA también desistirá de continuar apelaciones ya iniciadas que todavía no fueron tratadas por el máximo tribunal. La medida alcanzará causas vinculadas con descuentos sobre jubilaciones y pensiones. El organismo instruyó a sus áreas jurídicas para adaptar la gestión judicial de las causas al criterio fijado por la Corte Suprema. La directiva seguirá vigente mientras no exista una nueva legislación del Congreso o un cambio de postura del tribunal.
La resolución también contempla los expedientes que todavía continúan en trámite. Los representantes fiscales deberán aceptar decisiones judiciales de cámaras federales cuando exista rechazo reiterado a las apelaciones impulsadas por el organismo sobre la cuestión de fondo.
ARCA aclaró que podrá continuar litigios vinculados con honorarios profesionales y costas judiciales. El objetivo será reducir gastos para el Estado en esos procesos. La normativa también establece excepciones específicas. El organismo podrá mantener apelaciones cuando los demandantes no tengan legitimación activa o cuando existan circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial aplicado.
Fuente: AMBITO
