La participación de España en el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, se enfrenta a un riesgo inesperado: posibles embargos derivados de los litigios con Fondos y empresas internacionales que el país mantiene por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables.
La situación se agrava a medida que se acerca el comienzo de la Copa del Mundo porque gran parte de la actividad de la selección española se desarrollará en territorio estadounidense, lo que incrementa las probabilidades de que los acreedores intenten ejecutar embargos aprovechando la jurisdicción favorable.
Los acreedores internacionales intentan cobrarse las deudas del Gobierno español que se ha negado a pagar las indemnizaciones que en los últimos años han dictado distintos tribunales nacionales y cortes internacionales por el cambio retroactivo de ley por el que en 2013 España recortó los beneficios de invertir en proyectos renovables.
Un tribunal de Washington autorizó hace unos meses al fondo Blasket Renewable Investments, propietario ahora de varios casos relacionados con reclamaciones por las renovables, a ejecutar el embargo contra todo tipo de depósitos y activos de España en Estados Unidos para poder cobrarse una deuda de más de 90 millones de euros. Este es el importe de la indemnización que la corte de resolución de conflictos comerciales del Banco Mundial, CIADI, condenó a pagar a España por el caso Watkins en 2021.
Un lustro después, la selección española jugará e Mundial en los Estados Unidos y esto resulta una oportunidad propicia para los acreedores para poder cobrarse la deuda.
Según fuentes cercanas a los acreedores internacionales, cualquier operación económica vinculada a la presencia española en el torneo podría ser objeto de seguimiento y eventual embargo.
“Vamos a vigilar al centímetro toda la operativa”, advierten, en referencia a las siete sentencias pendientes de pago que han obtenido en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Ante esta situación de impago, un Tribunal Federal de Washington requirió a la FIFA entregar toda la información requerida por el Tribunal. Concretamente, “cualquier documento o comunicación bajo control de la empresa relacionados con servicios de organización de torneos, incluyendo planificación logística, administración de fondos, contratos y coordinación operativa en Estados Unidos”, según indica el citado medio.
Los documentos pedidos a la FIFA van desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad. Entre los exigidos figuran todos los acuerdos mediante los cuales el organismo futbolístico haya prestado servicios vinculados a España; los registros de pagos realizados hacia o desde entidades españolas, incluyendo transferencias bancarias, mensajes SWIFT, ACH o Fedwire, y estados de cuenta, y todas las comunicaciones mantenidas entre la sociedad de la FIFA y organismos españoles relacionadas con su papel como organizador de torneos.
Por lo que, cuando la Selección Española aterrice en Estados Unidos, cuya sede durante la primera fase del mundial estará ubicada en Chattanooga (Tennessee), todo el dinero que necesite en su día a día durante el torneo podría ser susceptible de embargo.
Cuando se refiere al término España abarca en el requerimiento desde el Gobierno español, la RFEF, el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la propia selección española. Así como otras entidades estatales como el Banco de España, la SEPI, el Instituto Cervantes, Renfe o Paradores.
Fuentes de la defensa del fondo Blasket Renewable Investments indican que ya se han empezado a enviar citaciones judiciales a proveedores y sponsors del equipo español. Entre ellos, a Adidas, que es el patrocinador oficial, y a Hilton, la cadena hotelera donde se alojarán los jugadores españoles durante su participación en el Mundial, que comienza el próximo 14 de junio. Los acreedores también apuntan al centro de entrenamiento Baylor School.
Con el cronograma de la competición en mano, también han rastreado otros “clientes comerciales de la Selección”, prestadores de servicios a los que podría recurrir en los distintos estados de Estados Unidos en los que jugarán en caso de que vayan pasando fases en la competición.
Incluso se hizo referencia a que podría darse la posibilidad de que, de ganar el Mundial, España tuviera que entregar el premio en metálico de u$s50 millones (42,7 millones de euros) también para hacer frente a su deuda con el fondo Blasket Renewable.
También apuntan a un posible embargo del Dassault Falcon 900 u otro avión oficial en caso de que el rey o el presidente del gobierno viajaran en él a Estados Unidos para presenciar algún partido.
Sin embargo, hay más en juego que el fútbol. Los fondos también apuntan al contrato de u$s1.440 millones con la empresa estadounidense Raytheon para comprar cuatro sistemas antimisiles Patriot. España ha recurrido al Tribunal Supremo de EE UU, pero mientras el caso se resuelve, los embargos siguen adelante.
En tanto, fuentes ministeriales del Gobierno español aseguran que esta situación judicial no afectará a la operativa de España y menos aún de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado.
FUENTE: AMBITO
